• Lunes, 30 Noviembre 2020

La organización eleva a 2.000 el número de coches participantes contra la ley Celaá

La Plataforma por la libertad de enseñanza en La Rioja ha elevado a 2.000 el número de coches participante en la concentración que ha tenido lugar esta mañana en Logroño contra la ley Celaá ” a pesar de las restricciones y que sólo los que viven en Logroño podían acudir a la cita”.

Sus peticiones han sido varias. Así han explicado que “no toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, porque en ella nos jugamos la educación de nuestros hijos y el futuro de nuestra democracia. Somos conscientes de que la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de la sociedad de mañana”.

Además defienden la complementariedad de las redes pública y privada concertada. No admitimos que la LOMLOE permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado. Tampoco la planificación arbitraria de la Administración por encima de las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias.

or otro lado no aceptan el modelo de inclusión radical que pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias. Pedimos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a los alumnos con discapacidad tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial.

También han añadido que ” exigimos mejoras reales para el personal docente y no docente de los centros educativos. La LOMLOE abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones, además de poner en peligro sus puestos de trabajo. La nueva ley de educación debe garantizar que se aporte financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario de todos los centros de la red concertada y de educación especial”. y denuncian que, a través del control político de la educación, estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología laicista impropia de un Estado no confesional. La asignatura de Religión, que se cursa con absoluta normalidad en nuestro país y en casi todos los países europeos, es una opción mayoritaria de las familias españolas que la eligen libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad debe ser respetada.

Así reclaman al Estado la obligación que tiene de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados para garantizar la gratuidad real de ambos, no como sucede en la actualidad. Y esta financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben prestar un servicio educativo de igual calidad y equidad al alcance de todos.

Por último han explicado que “no nos cansaremos, que no cejaremos, que no decaeremos. Durante la tramitación de la ley, si no se modifica suficientemente, seguiremos denunciando el atropello que los ciudadanos estamos sufriendo. Instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad, presionaremos en las Comunidades Autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma, solicitaremos la responsabilidad de otros grupos políticos a manifestar explícitamente su compromiso de derogar esta ley tan pronto sea posible, recurriremos en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo y alentaremos la interposición de contenciosos cada vez que se pretenda el cierre de una unidad concertada con demanda social”.